CENTROAMERICANOS CON TPS PODRÍAN BENEFICIARSE DE LEY PROMULGADA EN 1997 PARA PERMANECER EN EE.UU.

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ESTADOS UNIDOS. Una nueva luz de esperanza se mantiene encendida para más de 250 mil salvadoreños, que actualmente gozan del Estatus de Protección Temporal (TPS) para permanecer de manera legal en Estados Unidos, pero que su futuro se ha vuelto incierto ante la posibilidad de que dicho beneficio no sea renovado por el gobierno del presidente Donald Trump.

Los cuscatlecos podrían beneficiarse de la promulgada amnistía migratoria Ley de Ajuste para Nicaragüenses y Alivio para Centroamérica (Nacara), que se ha convertido 20 años después de su aprobación en una vía para regularizar la situación migratoria de miles de indocumentados de la región ahora que peligra TPS.

 

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Nacara es una ley para refugiados aprobada en 1997 que provee beneficios migratorios y protege de la deportación a algunas personas originarias de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Cuba, así como a inmigrantes de ciertos países de la desintegrada Unión Soviética.

De acuerdo a datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), entre el 21 de junio de 1999 y el 31 de agosto de 2017 se enviaron un total de 211,041 solicitudes para beneficiarse de esta ley de amnistía, de las cuales se aprobaron 184 mil 169 peticiones.

Hay, por tanto, más de 26,000 casos inconclusos por diversas razones, como cambio de domicilio, no haber puesto sus huellas digitales e incluso por fraudes notariales, entre otros, y que de acuerdo a especialistas pueden aun ser regularizados y beneficiarse con una tarjeta de residencia (“green card”).

“Toda persona que inició un proceso de regularización migratoria en el pasado, como una petición de asilo político, pero siguen indocumentados, les recomendamos que busquen un abogado para que revise su expediente”, dijo a EFE Frances Arroyo, abogada de inmigración.

La abogada añadió que en muchos casos al revisar el historial de inmigración “literalmente se puede detener una deportación, pero no hay que esperar a ser detenido” para revisar el expediente.

Uno de esos casos es el de Mario Tuchez, de 57 años, quien emigró en 1986 desde su natal Petén, en Guatemala, ante el temor de que el “Gobierno o la guerrilla” lo asesinaran “sin razón alguna, así como mataron a mucho”, según dijo a EFE.

“Fui detenido el pasado 12 de septiembre frente a mi casa por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por no haber comparecido ante el juez por una orden de deportación hace años”, contó Tuchez, padre de cuatro jóvenes universitarios estadounidenses.

 

“Un día antes de mi deportación a Guatemala, al reabrir mi caso de Nacara, los abogados detuvieron la deportación” declaró el inmigrante, quien fue liberado el pasado 11 de octubre.

Tuchez es supervisor de construcción de estacionamientos subterráneos en la empresa Doja Inc., y cuenta que el propietario pagó la fianza de 5,000 dólares para reanudar su petición de residencia permanente a través de esta amnistía.

“Aconsejo a nuestra gente que sus casos no los den por perdidos y busquen buenos abogados”, sugirió el inmigrante. / Con información de EFE